Un comunicado, respaldado por la Asociciación Porfesional de la Magistratura (APM), el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales (AF) y el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, vaticina que el nuevo Estatuto va a causar "un grave daño al sistema judicial y al conjunto de los ciudadanos".

Los firmantes del comunicado han querido expresar "su más firme y convencida oposición" a la implantación del deber de acreditar el conocimiento del idioma propio en la comunidades autónomas, ya que este punto es "contrario a la Constitución" y rompe el "carácter unitario" del Poder Judicial.

En definitiva, y según palabras del vicepresidente de la APM, Jesús Chamorro, encargado de leer el comunicado, las asociaciones subscriptoras se oponen al establecimiento de este punto del Estatuto, por considerar que afectará "negativamente al derecho de todas las personas a obtener un servicio público de calidad".

En el comunicado se revindica que el uso del término 'mérito determinante', en la referencia que el Estatuto hace al conocimiento del catalán, no es más que "un eufemismo" que en realidad significa 'requisito' u 'obligatoriedad'.

Antonio Dorado Picón, portavoz del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, advirtió de que con esta novedad "se corre el riesgo de que la Justicia no sea igual para todos los españoles".

Antonio García, portavoz de la APM, subrayó que su asociación se siente "defraudada, engañada y traicionada" por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que les prometió "que el conocimiento de las lenguas cooficiales sería un mérito pero nunca un requisito".

Además, el portavoz de la APM, mostró su voluntad de "llamar a las cosas por su nombre" y dijo que este punto del Estatuto "no viene a solventar un problema de personal cualificado", sino que es "una concesión política a los partidos nacionalistas".

El portavoz de la Asociación de Fiscales, Guillermo García- Panasco, advirtió que el artículo 102 del Estatuto catalán va a crear "un gran problema de vacantes en Cataluña" porque no existen profesionales suficientes que puedan acreditar el adecuado nivel de catalán como para cubrir todas las plazas.