La Asociación de Fiscales, que junto con la Asociación Profesional de la Magistratura y la Unión Judicial Independiente recurrió el nombramiento de Hernández, calificó de "acertada" la designación de Granados especialmente por el hecho de que se trate de un magistrado del Tribunal Supremo.

Sin embargo, destacó que no podrá actuar con imparcialidad en su nuevo cargo mientras el Gobierno siga teniendo la potestad de nombrar y destituir al fiscal general, según afirmó a Servimedia el presidente de la Asociación de Fiscales, Juan Ortiz Urculo.

Ortiz Urculo eludió pronunciarse sobre la actuación de Hernández al frente de la fiscalía general y se remitió a las críticas que la asociación hizo en su día a sulabor.

Cándido Conde Pumpido, portavoz de Jueces para la Democracia, afirmó que el nuevo fiscal general, al que definió como un "hombre moderado" y exclusivamente dedicado a la labor judicial, "puede desempeñar la función con la necesaria imparcialidad y con la necesaria dedicación al principio de legalidad".

Conde Pumpido añadió que su asociación desea a Granados "éxito en su difícil función" y expresó su confianza en que el nuevo fiscal general "sea capaz de recuperar para el ministerio públicoesa función estrictamente defensora de la legalidad, sin ningún tipo de contaminación política".

El portavoz de Jueces para la Democracia calificó de "acierto" la renovación del responsable de la Fiscalía General del Estado, ya que, en su opinión, su anterior titular "había perdido credibilidad ante la opinión pública y no podía desempeñar su función con la necesaria imparcialidad".

A su juicio, aunque el cese de Hernández coincide en el tiempo con la próxima resolución de los recursos presentado contra su nombramiento, su dimisión está vinculada sobre todo a la dificultad de seguir desempeñando su función por el deterioro que la polémica había acabado produciendo en la figura de Hernández, del que criticó que "siempre había adoptado una posición progubernamental".

La Asociación Profesional de la Magistratura, en cambio, no quiso pronunciarse por el momento sobre la designación de Granados, a quien prefiere dar un "plazo de cortesía" para ver sus primeras actuaciones en el cargo antes de defiirse sobre su nombramiento.

En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la APM, Angel Calderón, sí opinó sobre el anterior fiscal general Estado, de quien dijo que su trayectoria profesional ha sido "la historia de un cese que estaba anunciado desde el principio".

Calderón se lamentó de que se hubiese prolongado durante dos años "esta agonía", que, a su juicio, se podría haber solucionado entonces si el Gobierno hubiera entendido que el recurso de las asociaciones contra el nombramiento "no eragratuíto ni caprichoso".

Aunque no indicó si el cese de Hernández está vinculado a la próxima resolución del recurso contra su nombramiento por parte del Tribunal Supremo, destacó, no obstante, que la dimisión se produce 20 días antes de esa fecha. "Creemos que su nombramiento era ilegal, lo mantenemos y para nosotros el asunto no ha terminado", agregó.