Monetti hacía esta petición en una carta dirigida al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando. La misiva estaba fechada el día 11 de marzo y fue hecha pública hoy por la asociación Jueces para la Democracia (JpD).

En la carta, Monetti expresa su "preocupación y repulsa" por la decisión de Hernando de abrir una investigación con el fin de determinar si se ha cometido algún delito o falta por parte de los jueces y fiscales que firman dicho documento, que tiene por título "por un debate político criminal racional".

Argumenta su queja a Hernando invocando "los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptados por el 7º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente".

En este documento se establece, "en su punto octavo que 'en consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos, los miembros de la judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e independencia de la judicatura'".

Monetti muestra su "esperanza" de que Hernando no adopte medida alguna contra los firmantes "limitando o restringiendo" su libertad" y que "proceda sin más trámite al archivo de la información previa acordada".

Por otra parte, Medel manifestó en un comunicado su "consternación" por la iniciativa del presidente del CGPJ y destaca que en una sociedad democrática "la obligación de reserva no puede prohibir a los jueces manifestar públicamente sus opiniones. No se puede confundir con una obligación de silencio o de conformidad, ni estar subordinada a una previa autorización jerárquica", añade.