Según la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la Asociación Profesional de l Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), el hecho de que Otegi hiciera estas afirmaciones explicando las razones por las que ETA, en su opinión, cometió el atentado, y no en nombre propio, hace muy difícil acusarle de haber incurrido en un delito, ya que se limitó a ejercer su libertad de expresión.

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UpF), Adrián Salazar, afirmó a Servimedia que aunque las palabras de Otegi "puedan ser repugnantes, están dentro de esos límites del derechoa la libertad de expresión".

Salazar añadió que, "independientemente de que puedan ser reprobables desde el punto de vista político o moral, no vemos que haya delito de apología del terrorismo". Además, en un Estado de Derecho la respuesta a este tipo de declaraciones, a su juicio, "no puede ser nunca la persecución penal. El Estado de Derecho tiene que actuar con bastante frialdad en la aplicación de las leyes, no en caliente".

Por su parte, el portavoz de la APM, José Luis Requero, declaró a Sevimedia que las afirmaciones del portavoz "abertzale" se realizaron de manera "muy medida y tras haber consultado el Código Penal, porque se dice lo justo para no incurrir en ningún tipo de delito".

Según Requero, Otegi no está amenazando directamente, sino que "interpreta lo que piensa ETA, a pesar de que no es una persona neutral, sino que es el brazo político de una banda armada", por lo que "es muy difícil engancharle con el Código Penal en la mano".

Desde Jueces para la Democracia, su portavz, Ricardo Bodas, manifestó a Servimedia que las palabras de Otegi fueron realizadas de manera "muy inteligente" y le recordó que existe la libertad de expresión "para todos, también para él, y que los medios informan y ejercen su derecho a la libertad de expresión".

Bodas calificó de "totalmente deplorables" las afirmaciones del dirigente de EH y añadió que se podrían abrir diligencias informativas si el fiscal general o la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo consideraran oportuno.

La asociació Francisco de Vitoria fue la única que pidió directamente la intervención de la fiscalía. Su portavoz, José Luis González, dijo a Servimedia que se debe depurar si tales afirmaciones "se extralimitan en el derecho de la libertad de expresión y están incardinadas en la esfera del Derecho Penal".

"Son palabras muy graves y, dados los antecedentes, donde de las palabras se pasa a los hechos, sería conveniente una investigación", dijo González.