No obstante, ambos colectivos consideran "insuficiente" esa modificación, ya que a su juicio la reforma debería permitir un mayor control judicial de la concesión de esas medidas.

Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional consultadas por Servimedia acogieron positivamente el anuncio de Rublcaba, que se produce después de que la pasada semana ese órgano pidiese a Asuntos Penitenciarios la relación de los etarras que se encuentran en tercer grado con el fin de embargar una parte de sus sueldos para pagar las indemnizaciones a sus víctimas y conocer la situación de los presos de ETA.

Sin embargo, a pesar de considerar necesaria esa modificación, las citadas fuentes se mostraron partidiarias de realizar una reforma de toda la legislación penitenciaria, para facilitar una mayor intervenciónal poder judicial en la concesión de los beneficios penitenciarios.

Además, indicaron que sería conveniente que cuando la reforma anunciada se apruebe, la Fiscalía General del Estado dicte una instrucción para que el fiscal al que la administración penitenciaria le comunique el pase al tercer grado de algún preso lo notifique a su vez a la fiscalía general y ésta a los fiscales que llevaron la acusación.

Por su parte, el presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM, Ramón Rodríguez-Arribas, que también se mostró satisfecho por el anuncio, dijo a Servimedia que es insuficiente, porque el control del pase del sistema carcelario al de régimen abierto sigue estando en manos de la administración, en lugar de recaer en los jueces.

Señaló que en la actualidad la intervención de los jueces en la aplicación de esas medidas sólo se produce si media un recurso, cuando "lo normal" sería que el órgano jurídico tuviera la última palabra, tal como señala la Constitución.

Finalmente, abogó por una modificación general de la legislación penitenciaria que dote de mayores competencias a los jueces y que limite la actuación de la administración a la de ser "informadora o cooperadora" del poder judicial.