Esta remuneración está prevista en el Real Decreto que ayer aprobó el Consejo de Ministros para realizar juicios rápidos en las zonas turísticas, que en temporada alt se ven afectadas por una elevada delincuencia estacional.

Siempre según las mismas fuentes, serán el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los que decidan en qué zonas es necesario establecer un dispositivo especial de juicios rápidos y por cuánto tiempo.

Asimismo, los jueces y fiscales que formen parte de tales dispositivos serán aquellos adscritos a la zona en cuestión que voluntariamente quieran participar en ellos y, por tanto, dedicar horas extras a su trabaj.

La compensación económica adicional que percibirán se cuantificará en función de las horas y de la cantidad de asuntos que hayan tramitado. "Es una especie de productividad", dijeron las mismas fuentes a esta agencia.

Lo que el Gobierno trata de hacer con los juicios rápidos es lo mismo que lo que ha llevado a cabo el Ministerio de Justicia y el CGPJ para desatascar las secciones de lo civil de la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha registrado un atasco de recursos de casación sin resoler.

"Aquí el sistema es el mismo", explicaron. "Se detecta, por ejemplo, que en la zona de Benidorm hay una sobresaturación de asuntos pequeños, por lo que se envía a un grupo de jueces y de fiscales para que los resuelvan en un periodo determinado".

Además, tanto el Ministerio de Justicia como el CGPJ, a la hora de diseñar el dispositivo de juicios rápidos, deberán fijar un programa de objetivos. Así, por ejemplo, se podría crear un proyecto para Barcelona, de tres meses de duración, "de junio aseptiembre, para atajar la delincuencia menuda que se produce en esa época".