Se dictaron 1.194 sentencias más que en 2007 y la tendencia es alcista, ya que la esperanza de vida en España es una de las más altas del mundo y la vejez conlleva deterioros cognitivos, así como la aparición de procesos neurodegenerativos ydemencias.

Silvia Ventura, magistrada del juzgado de Capacidad nº 40 de Barcelona, explicó en un encuentro con periodistas sobre el "Documento Sitges 2009", que analiza la situación de las incapacitaciones en España, que "el 90% de todas las sentencias sobre incapacidades que se dictan determinan la incapacidad total y para siempre y esta situación tiene que cambiar".

De igual manera se pronunció Mercè Boada, neuróloga y coordinadora del "Documento Sitges 2009", en el que han participado médicos, magistrados, trabajadores sociales y notarios, que, entre otros objetivos, pretende "defender al enfermo de demencia en cualquier situación, analizar su capacidad para tomar decisiones durante la evolución de la enfermedad y fomentar la incapacitación parcial, progresiva y a medida".

Se calcula que en España hay un millón de personas con demencia, de las cuales casi 600.000 padecen alzheimer. "Queun informe médico diga que una persona padece alzheimer no significa nada, todo depende del grado de la enfermedad. Los jueces deberían exigir más precisión en los informes médicos que sirven de base para dictar incapacidades", señaló Boada.

"Hay que insistir que la incapacitación no es un castigo, sino una herramienta de protección jurídica del enfermo. Una persona con demencia mantiene todos sus derechos como persona hasta el final de su vida. Por tanto, sus decisiones deben de ser respetadas", aseguró la doctora Boada.

La magistrada Ventura, por su parte, pidió "juzgados especializados, una legislación más adecuada con nuestra sociedad, normas internacionales sobre la materia y más comunicación entre los jueces y los médicos forenses con el personal facultativo que atiende a los pacientes".