Bauzá dijo a Servimedia que era previsible la negativa del Gobiernoal aumento salarial solicitado por los jueces y fiscales, y reclamó un ejercicio de honestidad y sinceridad sobre el funcionamiento real de los juzgados y tribunales.

Tras admitir que cualquier colectivo tiene por principio el derecho a pedir una mejora en sus retribuciones, subrayó que lo que no se puede hacer es solicitar una subida unilateral dentro de un sector donde una parte muy importante ha resultado discriminada retributivamente respecto al resto de los integrantes de la oficina judicial.

"Así", explicó, "se produce una primera reforma en el año 83, donde lo que son retribuciones básicas en sus índices multiplicadores se disparan para jueces, fiscales, secretarios y médicos forenses, y esos índices multiplicadores quedan congelados para oficiales, auxiliares y agentes judiciales".

"En el año 89", añadió, "se les pone una ley de retribuciones referente a los complementos a los miembros de la carrera judicial y la carrera fiscal, y se firma un acuerdo que se lleva en parte a cabo con elcolectivo de los secretarios judiciales. El resto de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia siguen con el mismo decreto de complementos y siguen sin ver incrementadas sus retribuciones".

El dirigente de CSIF indicó que, en este momento, se vuelve a plantear una reivindicación del 25% para los mismos colectivos, aduciendo que han sufrido una congelación salarial. No obstante, señaló, el Ministerio de Justicia posee datos objetivos en los que, valorando lo que ha sido el IPC en laeconomía española y el incremento retributivo de jueces y fiscales, se constata que están en un +4 sobre el IPC, mientras que el resto de funcionarios de la Administración de Justicia se encuentran en un -18.

"Por tanto", insistió, "dejémonos ya de cantinelas y de cuestiones que lo único que intentan es intoxicar a la opinión pública. Yo entiendo que igual el poder judicial debería tener una mejor retribución, pero el planteamiento que se está haciendo es un planteamiento insolidario y que, además, nova a mejorar en nada la Administración de Justicia".

Sobre la posibilidad de que los jueces convoquen huelga si no se admite su reivindicación, Bauzá manifestó que estaría fuera del marco constitucional el que se arbitraran medidas de presión que afectaran a la propia Administración de Justicia y descartó que se pueda llegar a ese extremo.