Comas señaló, en unas jornadas organizadas Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en Valencia, que el 75 por ciento de las solicitudes de protección pedidas fueron concedidas, en tanto que 999 fueron rechazas (el 25 or ciento).

La gran mayoría de las solicitudes fueron presentadas por mujeres: 3.898 (96 por ciento del total), y el resto por hombres o menores varones, 145 (4 por ciento). De todas ellas, 3.381 (84 por ciento) correspondieron a españoles y 662 (16 por ciento) a ciudadanos extranjeros.

En lo referente a la relación de parentesco entre víctima y agresor, 2.005 de las solicitudes fueron planteadas por cónyuges (49,6 por ciento), 434 por ex cónyuges (10,7 por ciento) y el resto por personas implicaas en otras relaciones de pareja.

Del total de medidas adoptadas, 4.303 fueron de carácter penal (116 prisión provisional, 2.526 orden de alejamiento, 1.123 prohibición de comunicación y 538 prohibición del acudir a un lugar determinado).

Las restantes 2.096 fueron medidas de naturaleza civil (709 de atribución de la vivienda, 733 relativas a la guardia y custodia y comunicación con los hijos, 601 de prestación de alimentos y 53 de protección a menores).

Montserrat aseguró que la normativa qe regula la orden de protección a víctimas de la violencia doméstica ha sido "un acierto, porque está permitiendo a muchas personas poder denunciar su situación ante la Justicia, obteniendo resultados tangibles e inmediatos".

La Orden de Protección permite al juez de guardia dictar, en un plazo máximo de 72 horas, medidas cautelares de protección a la víctima que hayan denunciado una agresión, una amenaza o un maltrato en el ámbito familiar. Asimismo, conlleva la posible activación de ayuda económica 300 euros mensuales) y social para aquellas víctimas que carezcan de recursos (asistencia jurídica, sanitaria, psicológica, etc)