Ramón Rodríguez Arribas, presidente de la APM, dijo a Servimedia que la propuesta de Rodríguez Ibarra es un "auténtico disparate", ya que supondría la creación de una situación en la que los jueces dictasen las sentencias no con arreglo a la ley, como señala la Constitución, "sino también a la opinión de esas comisiones parlamentarias que se encargarían dever cuál es su trayectoria".

A su juicio, de ese modo los magistrados "estarían pendientes de ver no lo que dice la ley e interpretarla con arreglo a su ciencia y a su conciencia, sino ver lo que dice la ley y cómo la adapto a lo que va a pensar esa comisión parlamentaria".

Rodríguez Arribas recordó que en el sistema judicial español existen los recursos, con los que se impide que la independencia judicial lleve a cometer errores que no sean subsanables.

"Este tipo de iniciativas a lo que coducen es a atacar frontalmente el principio de independencia judicial, que naturalmente no satisface muchas veces a los políticos porque las resoluciones de los jueces normalmente son limitadoras de las propias facultades de los órganos del Estado", indicó el presidente de la APM, que agregó que "si no hay jueces independientes, se acabó el Estado de Derecho".

En el mismo sentido se pronunció el portavoz de Jueces para la Democracia, Cándido Conde Pumpido, quien dijo a Servimedia que la propuesta de Rdríguez Ibarra "podría invadir competencias correspondientes al Consejo General del Poder Judicial" (CGPJ), órgano que según la Constitución es el único competente para ejercer el control de los jueces. "Trasladarlo a otro órgano del Estado podría suponer una merma en la independencia del poder judicial", afirmó.

Por el contrario, ambos representantes de los jueces coincidieron en valorar positivamente la otra enmienda presentada por Rodríguez Ibarra, según la cual los candidatos a los altos tribunale (Tribunal Constitucional, CGPJ, Tribunal de Cuentas) serían examinados por una comisión del Congreso de los Diputados.

A su juicio, ese examen de los candidatos "sería una buena idea" que dotaría de mayor transparencia al nombramiento de los miembros de los altos tribunales por parte de las Cortes, aunque rechazaron que, como dijo Rodríguez Ibarra, el poder judicial no esté sometido a ningún tipo de responsabilidad.

Asimismo, ambos magistrados disintieron con el presidente de la Junta de Extremaura en incluir entre los candidatos que podrían ser examinados por las Cortes a los jueces aspirantes a una plaza en el Tribunal Supremo, ya que esos magistrados sólo pueden ser nombrados por el CGPJ y la intervención de un órgano parlamentario en su designación "sería una inadmisible e inconstitucional intromisión de un poder en la autonomía del otro. Sería invadir las competencias del Consejo", insistió Rodríguez Arribas.