El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Luis Requero, declaró a Servimedia que el hecho de depositar en los fiscales la responsabilidad directa de tratar ls delitos de los menores de edad "es una cuestión derivada de la propia Ley Penal del Menor y un paso necesario para que sea posible poner en marcha la nueva normativa, que entrará en vigor en enero del año que viene".

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), José María Fernández Seijo, afirmó que para que la nueva ley se desarrolle en condiciones serían necesarios unos 150 fiscales más.

Consideró muy interesante que el fiscal asuma la instrucción de los asuntos de menores, pro indicó que el número de fiscalías que se crean es insuficiente y los medios materiales para la resocialización del menor son escasos.

Por último, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, José González Armengol, recalcó, en declaraciones a esta agencia, que "para que la nueva ley sea viable debe cumplir diversas condiciones, aparte de las modificaciones (que aprueba hoy el Gobierno), como es una inversión en medios materiales y en personal".

A juicio de González Armengol, "con las actales infraestructuras y el cuerpo actual de fiscales la nueva ley es inviable totalmente".