El perfil de los detendos es similar, según la consejera: el 90 por ciento son varones menores de 30 años, con salarios bajos y, en el 50 por ciento de los casos, con cargas familiares.

Estas personas, que provienen generalmente de zonas geográficas o grupos sociales marginados, deben tener una atención especial a juicio de Hermosín.

Los 15 primeros trabajadores sociales, que desarrollarán su labor en 10 municipios andaluces, comenzaron hoy un curso preparatorio de una semana en Sierra Nevada, en el que participan exprtos en trabajo de campo, jueces y fiscales.

El programa, fruto de un convenio entre la Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pretende informar al juez de toda la realidad del detenido. Ello proporcionará "más luz a la Justicia y se conseguirá un mejor tratamiento judicial", aseguró la consejera de Asuntos Sociales.

MUCHO ENTUSIASMO

Hermosín afirmó que el CGPJ ha acogido esta iniciativa "con mucho entusiasmo, ya que era también una necesidad de los propios magistrads".

Por su parte, la Administración de Justicia pondrá los medios para que los asistentes sociales realicen su trabajo en las propias dependencias judiciales.

Los beneficiarios del proyecto serán, de forma progresiva, las cerca de 24.000 personas detenidas y puestas a disposición de los juzgados de guardia cada año en Andalucía, además de los reclusos en situación de prisión preventiva.

La Consejería de Asuntos Sociales pondrá en marcha este programa en colaboración con otros grupos de trabao, como el Plan de Barriadas de Actuación Preferente, los grupos de asistencia al detenido o los grupos de asistencia social.

Carmen Hermosín explicó que representantes de la consejería se han entrevistado ya con los decanos de los jueces en cada provincia y con los presidentes de audiencias provinciales, quienes, según la consejera, han acogido la iniciativa con satisfacción.

El plan comenzará a aplicarse en Algeciras, Almería, Córdoba, Cádiz, Jaén, Jerez, Málaga, Huelva, Sevilla y Granada. Las omunidades de Valencia, Euskadi, Navarra, Baleares, Madrid y Cataluña cuentan ya con programas similares.