Guerra afronta el lunes su sexto y último juicio de un caso que va a cumplir ya seis años de tramitación. El hermano del número dos del PSOE está acusado de cometer delito fiscal por haber eludido el pago a Hacienda de 22.176.903 pesetas en 1988, y de 26.688.100 en 1989.

Su socio Juan Arenas también etá acusado del impago de 24.314.669 pesetas en 1987 y de 40.907.320 en 1988. Además, ambos estan acusados como administradores de Corral de la Parra de defraudar 16.417.005 pesetas en 1988 y 36.486.889 en 1989.

Alfredo Flores, fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, culpa a Guerra de tres delitos de evasión fiscal en los impuestos de la Renta y Patrimonio, por los que pide tres años de prisión y 50 millones de pesetas de multa. No obstante, uno de los cargos será anulado al no llegar la evasión a los5 millones, mínimo fijado actualmente para que la ocultación a Hacienda tenga la consideración de delito tributario.

Además, Flores reclama a Arenas otros tres años de cárcel y una multa de 50 millones, aunque también para él decaerá una de las imputaciones, por la misma razón que en el caso de Juan Guerra.

Para los dos imputados, en calidad de administradores, el fiscal reclama una condena además de otros 3 años y 50 millones. En total pide 12 años de prisión y 200 millones de multa para Juan Gurra, además de los intereses que deba abonar a Hacienda por el pago de la indemnización correspondiente.

El abogado Manuel Fernández del Pozo, en representación de la acusación particular del diputado Felipe Alcaraz, el coordinador general de Izquierda Unida-Los Verdes, Luis Carlos Rejón, y el actual presidente del Parlamento andaluz, Diego Valderas, solicita penas similares por los mismos delitos. La acusación particular del Partido Andalucista y de Ruiz Mateos se ha retirado de ese sexto juicio.

En este sentido, el fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla lamentó hoy que el "caso Guerra", que considera el primero de los procesos de tipo penales vinculados a la corrupción, haya tardado tantos años en resolverse. "Deberíamos haber terminado antes porque no hay causas procesales que justifiquen que se tarde tanto". Flores negó que hubiese recibido presión política alguna para determinar la prolongación del caso.