El portavoz de la JpD, Jaime Tapia, declaró a Servimedia que el decreto anulado por el Constitucional hacía referencia a un"perfil lingüístico" de conocimiento de euskera para jueces, magistrados, fiscales y secretarios judiciales que ejercen en el País Vasco, pero no lo impone como requisito.

"El Gobierno vasco era consciente de que no podía hacerlo", explicó el portavoz de la asociación progresista de jueces, quien subrayó que con esta norma no se vulnera la regulación del régimen de jueces y magistrados, que está atribuida exclusivamente al Estado.

En este sentido, Tapia se mostró más conforme con el voto particular de los magistrados del Tribunal Constitucional Pablo Pérez y Pascual Sala, por considerar que el decreto "encaja perfectamente en el principio de colaboración que debe inspirar el funcionamiento del Estado de las Autonomías".