El Secretariado de Jueces para la Democracia pide, en su boletín informativo, que la nueva Ley de Retribuciones, pendiente desde 1985, establezca un model "incentivador para hacer atrayente la carrera, para garantizar no sólo la independencia política, sino también la económica, y para fomentar la formación, el rendimiento y la asunción de mayores responsabilidades".

Para JpD, la última propuesta efectuada por el Ministerio de Justicia después de más de tres años de negociación no sólo no basta para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años, sino que "por su extrema cicatería lleva seriamente a pensar que el compromiso adquirido de incementar las retribuciones de jueces, magistrados y fiscales no haya sido sino una maniobra para ganar tiempo y distraer a las asociaciones judiciales, sin que exista una verdadera voluntad de resolver el problema".

En este sentido, denuncia que "es irreal un sistema de incentivos como el propuesto que hace cualquier abstración de la calidad del trabajo y que no premia a aquellos que lo realizan conforme al rendimiento exigible, conforme a los módulos si se quiere, sino que busca conseguir una especie e 'ranking' de jueces por el número de sentencias".

La asociación judicial denuncia que "son ya quince años de incumplimiento del mandato legal, que agrava los efectos de una opción consTitucional (la prohibición de libertad sindical para la judicatura), que provoca que los sueldos se congelen o incrementen igual que los de la función pública, pero excluye a los jueces de las partidas retributivas o sociales que los sindicatos obtienen mediante la negociación colectiva".