El Senado debatirá a mediados de este mes la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), especialmente el capítulo referente a la excedencia orzosa y pagada de tres años para los jueces que se dedicaron a la política, así como para aquellos que se presentaron a elecciones y no resultaron elegidos.

Alonso explicó a Servimedia que, a su juicio, la regulación de una excedencia forzosa para los jueces que se dedican a la política supone una limitación "indirecta" al derecho que tienen como ciudadanos a participar en los asuntos públicos de interés.

Para el portavoz de JpD, tres años de excedencia se antojan insuficientes para aquellos proesos medianamente complicados. "Teniendo en cuenta el plazo en el que se tramita cualquier proceso complicado, la pregunta es: ¿tres años garantizan cualquier imparcialidad?", dijo.

En su opinión, no es necesario regular la excedencia forzosa para garantizar la independencia de un juez o magistrado, sino que existen soluciones "más sencillas y oportunas constitucionalmente".

En este sentido, señaló que sería suficiente con establecer en la LOPJ una causa específica de abstención y recusación paraevitar que un magistrado, tras su regreso a la judicatura, pueda conocer asuntos que entren en conflicto con su destino anterior en el poder Ejecutivo.