El Tribunal Supremo ratificó una sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao que, pese a que la violación estaba acreditada, absolvió a los agentes que estaban de servicio aquel día por no tener ruebas concluyentes respecto a cuál de los tres cometió el delito.

En un comunicado, JpD exige al titular de Interior, Jaime Mayor Oreja, que "ofrezca explicaciones públicas a la sociedad de las medidas que se adoptan y se adoptarán en el futuro ante hechos tan execrables", y resalta que el Estado de derecho "se pone en cuestión cuando desde las estructuras de poder del Estado, en lugar de ofrecer seguridad, legalidad y garantías, se delinque y se quebrantan los derechos constitucionales".

"Este echo cierto y acreditado repugna la conciencia democrática de todos los ciudadanos de un país en el que, desde hace 20 años, nuestra Constitución reconoce, entre otros, el derecho de todas las personas a la seguridad jurídica, a la integridad física y a la libertad sexual", añade.

Por su parte, la Asociación pro Derechos Humanos de España (APDHE) denuncia que, "de no expulsarse a estos policías, el imperio de la impunidad se instalará en calabozos y comisarías, pues resulta notorio que el reforzamient de los códigos de silencio entre policías tendrá consecuencias devastadoras para el Estado democrático de derecho".

"Verdaderamente alarmante, por lo significativos del perverso grado de impunidad, resulta que en dependencias donde sólo pueden acceder policías se produzca la violación de una mujer, y ningún policía sepa que otro está realizando un acto criminal de violación", añade APDHE en un comunicado.