En un comunicado hecho público hoy, este colectivo asegura que con estos delitos se continúa reprimiendo penalmente las conductas de quienes, por motivos ideológicos y al entender que la opción no es una imposición de la Constitución (artículo 30), discrepan de la obligatoriedad del servicio militar o de la prestación social sustitutoria. Asimismo, considera el debate del Congreso como "una ocasión propicia" para que el poder legislativo adapte el ordenamiento a la realidad social, "máxime cuando desde una perspectiva política se tiene claro que el horizonte es la profesionalización de las fuerzas armadas", indica la nota.

Según JpD, resultaría inexplicable y difícil de justificar ante la opinión pública el hecho de que por razones estrictamente económicas no se modifique el ordenamiento legal y se mantenga la solución criminalizadoa.