A juicio de JpD, la existencia de una Fiscalía General europea garantizaría una mejor resolución de conflictos que, como ocure en España con el "caso Ercros", ponen en entredicho la independencia de la Fiscalía General del Estado con respecto al Gobierno.

En el caso de los departamentos anticorrupción, según declaró a Servimedia el portavoz de JpD, José María Fernández Seijo, "cada país miembro nombraría un fiscal y se crearía un equipo encargado de todos los casos de corrupción en el seno de la UE. Posteriormente, "se realizaría la acusación ante cada uno de los países".

En la actualidad, ya existe un programa de invstigación de corrupción, llamado Greco, que opera en el marco comunitario. "En él ya hay integrados fiscales", explicó. "Se trataría de dar un paso más y crear, al igual que hay comisarios europeos, la figura de un fiscal comunitario".

Según JpD, sería a este fiscal al que se le atribuiría la competencia en delitos de corrupción, ecológicos y en aquellos fraudes económicos en los que se viesen involucrados varios países.