En declaraciones a Servimedia, Alonso calificó de legítimo el derecho de estos jueces a definir su "muy cojo" Estatuto Jurídico y agregó que el Tribunal Supremo merece un texto más preciso que defina las tareas y la situación de los magistrados que lo componen.

A su juicio, el Ministerio de Justicia debería continuar con las gestiones de dicho estatuto, pero "en ningún caso cerrar la negociación", teniendo encuenta que existía un compromiso anterior para definir tal texto.

Alonso instó a Margarita Mariscal de Gante a que aclare los rasgos generales de la política que va a llevar a cabo su ministerio, porque "estamos a no sé cuánto tiempo de su nombramiento y todavía no sabemos cuál va a ser su proyecto, y no tenemos a qué atenernos".

Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis Manzanares, manifestó hoy a Servimedia que no se puede decir que "el plan (del Gbierno) ha fracasado", cuando sólo hace unas semanas que ha tomado posesión y se está hablando de una restricción de gastos.

Además de endurecer las incompatibilidades, dicho Estatuto Jurídico pretende dignificar la situación de los magistrados del Tribunal Supremo y garantizar al máximo su independencia. Con este fin, el último Gobierno socialista aprobó una reserva de dinero para que el nuevo Gabinete incrementara el sueldo de los magistrados del Supremo, equiparándolo en lo posible a los de los miebros del Constitucional.