Tapia explicó a Servimedia que lo que cobra un abogado de oficio "no debe obstaculizar el derecho de defensa" de los procesados porque los letrados "se apuntan de forma voluntaria al turno de oficio" y "saben que hay casos muy sencillos que no se corresponden con lo que cobran y otros más complejos en los que saldrán perdiendo".

Además, el portavoz de JpD considera que la postura de los abogados de oficio del caso 11-M, que pusieron de manifiesto ayer al protestar en rueda de prensa por los 315 euros que cobrarán por todo el proceso, "pone en entredicho su profesionalidad" ya que vinculan "el ejercicio de la abogacia con el cobro de dinero".

Aún así, Tapia reconoció que "los legisladores deberían prever estas circunstancias", es decir, aquellos casos en los abogados se enfrentan a sumarios de dimensiones importantes, aunque cree que será "difícil" ya que es complicado decir "cuándo un caso es de especial relevancia y cuándo no".

El magistrado también dijo que los abogados de oficio tendrían que saber que "unas veces se gana y otras se pierde" desde el punto de vista económico pero lo que no se puede desantender son "los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la defensa".