Así se indica en una comunicación que será estudiada por la asociación durante su X congreso nacional, que se celebrará desde mañana y hasta el día 11 en Zaragoza.

El documento, al que ha tenido acceso Servimedia, también califica de "abominable" dicha previsión, recogida en la disposiión transitoria sexta del anteproyecto, por lo que estima que debe ser suprimida.

Según JpD, la posibilidad de ingresar a un joven de dicha edad en un centro penitenciario supone que la exención de la responsabilidad penal para los menores de 18 años incluída en el Código Penal sea "únicamente teórica y de un falso progresismo".

Además, estima que al no disponer las comunidades autónomas, salvo raras excepciones, de los medios materiales y humanos necesarios para la ejecución de las medidas sustiutivas al internamiento, como las medidas educativas en centros sociosanitarios o el acogimiento en familias, "nos encontraremos con que lo previsto en la ley puede ser letra muerta".

A su juicio, "las únicas medidas que se ejecutarán serán los internamientos, incluso en prisión, con lo que las finalidades que persigue la ley, tan bonitas y tan teóricas (integración del joven y del menor en la sociedad; las penas y medidas se orientarán hacia su educación), no se cumplirán".

Para JpD, el procedimento regulado por la ley, que adolece de numerosos defectos, "es demasiado formalista y engorroso", con lo que, a su juicio, "se producirá una gran lentitud en una jurisdicción en la que es importantísima la adopción y ejecución de medidas con carácter urgente si se quiere que la ley cumpla una finalidad educativa".

Añade que dicha lentitud "se verá agravada por la escasez de funcionarios y el aumento extraordinario de asuntos que se producirán en los juzgados de menores al entrar en vigor la ley".

La asociación también critica algunos artículos concretos del anteproyecto de ley, como el 8-2, que establece que se castigarán las faltas pero no serán punibles los delitos que tengan penas de hasta 3 años si no son consumados.

Esto, para JpD, supondrá que habrá que "desarrollar un complejo procedimiento judicial para algo tan mínimo como el hurto de un bolígrafo en el Corte Inglés y sin embargo no será delictiva la tentativa de utilización ilegítima de un vehículo de motor ajeno".