En declaraciones a Servimedia, Tapia valoró de esta manera las medidas que la hermana de la Princesa de Asturias planteó al juzgado de primera instancia de Toledo, y que la juez encargada del caso denegó ayer por considerar que se trata de una persona con proyección pública.

Tapia explicó que se trata de un caso en el que entra en conflicto el derecho al honor y la intimidad con el derecho a la información, y en el que además es necesario examinar la doctrina del Tribunal Constitucional con respecto al derecho al honor.

"Se ha podido dar esta solución -por parte de la jueza-, pero igual se puede dar otra", señaló, pues el planteamiento de Ortiz es "novedoso", ya que, hasta el momento, nadie había pedido que a determinados medios de comunicación se les impida seguir recogiendo imágenes para evitar que "se produzca una especie de persecución".

De todos modos, aunque la interpretación de la juez de Toledo es "razonable", su decisión puede ser recurrida, y, por tanto, "cabe la eventualidad" de que otros tribunales "tomen una decisión distinta con respecto a esta cuestión".

Tapia aclaró que es probable que, si la demandante decide recurrir, otro juez interprete el caso de manera distinta. Pues, pese a que "muchos medios" cumplen su labor como "pilar básico", del Estado de Derecho, al garantizar el derecho a la información, también es cierto que se están produciendo "excesos", matizó.

Argumentó que, en este caso, Telma Ortiz no ha vendido nunca su vida privada y, por tanto, su derechos al honor y a su intimidad permanecen intactos. Además, ella tampoco "ha optado a ser un personaje público, sino que los medios de comunicación han decidido" que lo sea, apuntó.

"Creo", añadió, "que se trata de una demada razonable y me ha sorprendido, incluso, que le hayan impuesto las costas del juicio" a Ortiz, ya que, cuando hay una duda "razonable" en Derecho la ley dice que no hay que imponer los gastos a una determinada parte.

Por tanto, el planteamiento de la denunciante "no es absurdo", ya que al solicitar medidas cautelares lo que pretende es "evitar" futuros perjuicios que se pueden prever. Es decir, que lo que pide Ortiz "no es algo extraordinario en nuestro ordenamiento jurídico", pues "las medidas cautelares son imaginativas" y pretenden evitar daños, afirmó Tapia.

De hecho, apuntó, este proceso podría considerarse como un caso de "límites" al derecho a la información, más que como una petición de imposición de censura previa.

A su juicio, Ortiz planteó medidas cautelares porque "son más rápidas", pero "es muy probable que ahora presente una demanda", ya que, de no hacerlo, las medidas cautelares solicitadas perderían su efecto en el plazo aproximado de un mes.

Por tanto, es probable que la demandante plantee un recurso de apelación y que simultáneamente pueda interponer una demanda con la misma pretensión, que podría llegar al Supremo.

En cuanto a las medidas cautelares, Ortiz puede recurrirlas ante una instancia judicial de ámbito provincial y, en último caso, presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.