Según informaron fuentes del equipo jurídico de la asociación, los dos juzgados que han instruido el caso, desde que se denunciara por primera vez en 1986, no han estudiado todas las pruebas existentes, entre ellas los historiales clínicos y algunas transcripciones de grabaciones telefónicas realizadas en la clínica por la policía judicial.

Los hechos se remotan a 1986 cuando la sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid ordenó el sobreseimiento temporal de la causa que instruyó el Juzgado de instrucción número 14, cuyo titular es Carlos del Valle.

Una vez archivado el caso, la Asociación Provida decidió alzarse como acusación popular e interpuso dos querellas al reparto efectuado, que fueron rechazadas.

En 1989, la asociación recurrió esta decisión ante la sección 2ª de la Audiencia de Madrid, y antes de conocer el fallo y "por seguridad jurídia", apelaron también ante la sección 6ª.

Según las mismas fuentes, ambas salas coincidieron en valorar que había suficientes indicios de criminalidad para reabrir al caso y ordenaron a los juzgados número 22 y número 14, respectivamente, que investigaran el asunto.

Se produjo entonces un conflicto de competencias entre los dos juzgados hasta que finalmente la sección 6ª decidió el año pasado que la causa fuera seguida en el juzgado número 22, cuya titular es María Teresa Palacios Criado.

Dese ese momento, el juzgado número 14 tenía la obligación de traspasar todas las pruebas al número 22, pero, según la Asociación Provida, enviaron todos los historiales clínicos al centro sanitario sin quedarse con las copias y todavía no habían efectuada la entrega de las transcripciones telefónicas.

A pesar de ello, el juzgado de instrucción número 22 decidió hace dos días archivar el caso "sin acabar la investigación y desatendiendo las órdenes recibidas de la Audiencia Provincial".

Jóvenes Provda presentará también un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial para que se pronuncie sobre la actitud de los dos jueces instructores.