Según indica la coordinadora en un comunicado, el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) establece un sistema obligatorio para las ayudas destinadas a la consecución del doctorado, en el que en los dos primeros años el beneficiario estará asimilado al Régimen General de la Seguridad Social, cotizando por el mínimo y sin derecho a prestación por desempleo, y en los dos últimos ha de ser contratado mediante contrato laboral en prácticas.

"El plazo para la adaptación de los programas existentes se cumplió el pasado 5 de junio y las convocatorias previas de la Junta de Andalucía siguen sin adaptarse a esta legislación", denuncian los jóvenes investigadores.

"Este incumplimiento conlleva la privación de los derechos de cientos de jóvenes investigadores de primer y segundo año, a los que se está denegando el derecho básico de cualquier trabajador de cotizar a la Seguridad Social", continúan.

Por ello, las asociaciones andaluzas de jóvenes investigadores instan a los responsables de investigación de la Junta de Andalucía a que "corrijan su deficiente gestión y asuman su responsabilidad, integrándose en el camino de la legalidad, dando de alta a sus investigadores de primer y segundo año en el Régimen de la Seguridad Social".