Ante los retrasos que se producían en la tramitación de esta renta en algunas comunidades autónomas, el Parlamento instó al Gobierno a pagar en un plazo máximo de dos meses la ayuda desde que se diera el visto bueno al solicitante.

Sin embargo, según ha podido comprobar Servimedia, en el teléfono de atención 900 900 707 del Ministerio de Vivienda explican que desde que se presenta la resolución en la entidad financiera se ha de realizar el pago de tres mensualidades de alquiler más y entonces se comienza a recibir la ayuda.

Así, por ejemplo, una persona que hubiera entregado en diciembre en su banco o caja el documento que acredita su derecho a cobrar los 210 euros, comenzaría a recibir la ayuda a finales de marzo.

Un portavoz del Ministerio de Vivienda indicó a Servimedia que esperar tres meses "es en los casos en los que más se alarga", y quisieron dejar claro que también influye que entre el joven y el departamento de Beatriz Corredor "tenemos por medio al banco".

Así, subrayaron que el periodo que pasa desde que la entidad recibe el documento hasta que traslada al Ministerio la confirmación de que el joven paga cada mes su alquiler al propietario varía en función de cada banco o caja.

En todo caso, desde el Ministerio defendieron que el 90% de los jóvenes que tienen reconocido el derecho a recibir la ayuda ya la están cobrando.

CARÁCTER RETROACTIVO

Además, la RBE tiene carácter retroactivo. En ese primer mes se cobrarían todos los pagos atrasados, y desde entonces todos los meses recibiría la cantidad que le corresponda, en función del número de titulares que figuren en el contrato de arrendamiento.

Según establece el real decreto que regula la RBE, ayuda que entró en vigor el 1 de enero de 2008, las comunidades autónomas deben resolver, en el plazo máximo de dos meses, el reconocimiento del derecho a la renta.

Sin embargo, cuando se puso en práctica se observó que en algunas comunidades estos plazos eran insuficientes y la tramitación se dilataba más allá de ese periodo.

Por ello, en septiembre de 2008 la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley de CiU transaccionada con el PSOE para que el pago de los 210 euros por parte del departamento de Beatriz Corredor se hiciese efectivo antes de dos meses desde que se notificara su concesión al beneficiario.