La ayuda concedida en concepto de prima por instalación en la agricultura, que hasta ahora tenía un importe máximo de 935.000 pesetas, se elevará a 1,3 millones en el caso de agricultores jóvenes establecidos en zonas de montaña, con un incremento del 50 por ciento si se incorpora también el cónyuge como ayuda familiar a la explotación.

En las zonas calificadascomo desfavorecidas por riesgo de despoblamiento, esta prima de instalación ascenderá a 1,1 millones de pesetas y a 900.000 pesetas en el resto de las zonas.

Respecto a los límites de edad para poder ser considerado "agricultor joven", fijado actualmente en 35 años, se eleva hasta los 37 para los agricultores casados y sin hijos, a 38 para los casados con un hijo, a 39 si tienen dos hijos y hasta los 40 si tienen más de dos hijos.

El límite inferior se amplía hasta los 18 años cuando el agriculto joven se hace cargo de la explotación familiar, en casos de fallecimiento o incapacidad del padre.

Según el Ministerio de Agricultura, este real decreto responde al acuerdo que firmó a finales del pasado año con la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) para mejorar la eficacia de las estructuras agrarias españolas.

AYUDAS A LA INVERSION

El Ejecutivo también ha aumentado las ayudas a la inversión destinadas a mejorar las estructuras productivas de las pequeñas y medianas explotaciones familiaressituadas en zonas desfavorecidas.

El nivel de ayuda para las inversiones de hasta 5 millones de pesetas se eleva hasta un 45 por ciento de la inversión de bienes inmuebles y hasta un 30 por ciento para el resto. Los porcentajes máximos podrán incrementarse además en un 10 por ciento adicional para los planes de mejora que sean presentados antes del 31 de diciembre de este año.

De estas ayudas podrán también beneficiarse las inversiones turísticas o artesanales, para facilitar el desarrollo de actvidades complementarias.

Por último, son introducidas nuevas ayudas para las agrupaciones de agricultores, con un importe máximo de unos 2,3 millones de pesetas por agrupación, para apoyar sus gastos de gestión en la introducción de prácticas agrarias alternativas, empleo en común de medios de producción, uso de nuevas tecnologías o actividades para la protección del medio ambiente y conservación de los espacios naturales.