En este caso, será el Gobierno regional el que se encargue de pagar, a través de sus presupuestos, los 30 euros de diferencia de la ayuda para los menores de 30 años, así como la Renta completa para aquellos que superen quienes superen este límite de edad.

En rueda de prensa tras la firma del Convenio, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, quiso mostrar su "satisfacción" porque la Junta de Castilla y León vaya a "sumar esfuerzos" y "complementar la ayuda" del Gobierno central.

Chacón explicó que el propio Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación "permitía la posibilidad" de que las comunidades autónomas complementen esta ayuda para responder a las necesidades concretas de cada una.

"Nos parece un acierto", insistió la ministra de Vivienda, quien destacó la importancia del "esfuerzo conjunto de todas las administraciones" para facilitar el acceso a la vivienda y cumplir así con el mandato constitucional.

Según Chacón, del "tramo que íntegramente va a pagar el Ministerio" se beneficiarán sólo en 2008 unos 17.700 jóvenes de Castilla y León.

Por su parte, el consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Antonio Silván, señaló que el objetivo del convenio es "dirigirse al mayor número posible de jóvenes" de la región y a su vez "dar una mayor cantidad" económica para el alquiler.

Silván dijo sentirse "muy orgulloso y satisfecho" por implementar esta ayuda estatal a jóvenes que viven en régimen dealquiler, siendo la única región que así lo ha recogido en su convenio con el Ministerio.

La Renta de Emancipación, medida estrella de la ministra Chacón para impulsar el mercado del alquiler, supone además de una ayuda mensual directa para el pago del alquiler, un préstamo de 600 euros para la fianza y de 120 para el coste financiero del aval.

Estas ayudas están dirigidas a facilitar la emancipación de los jóvenes que tengan una fuente regular de ingresos que no superen los 22.000 euros brutos al año, y que sean titulares del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual.

En los convenios de colaboración se establece que será la comunidad autónoma quien tramite las solicitudes y reconozca el derecho a la recibir la prestación. El Ministerio, por su parte, será quien abone directamente las ayudas a los beneficiarios a través de una serie de entidades financieras colaboradoras.

A través de esta fórmula de gestión compartida, el Ministerio de Vivienda pretende un doble objetivo: reforzar la colaboración con las comunidades autónomas y garantizar un buen funcionamiento en la concesión de estas ayudas en el conjunto del Estado.

Por otra parte, la ministra firmo más de una veintena de acuerdos de urbanización prioritaria, rehabilitación integral y rehabilitación de cascos históricos, con una inversión estatal de más de 26 millones de euros para 4.335 viviendas.

Asimismo, suscribió acuerdos para la puesta en marcha de Ventanillas Únicas de Vivienda en Ávila, Burgos, Miranda de Ebro, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, con una inversión del Ministerio de 2,8 millones de euros, con la que se pagará el 40% de sus coste total.