Marco, que compareció en calidad de inculpado en la causa que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sigue por presunto espionaje político, negó, sin embargo, haber espiado a particulares y sólo reconoció haber encargado una investigació mercantil de empresas que mantenían un fuerte endeudamiento con la Diputación General de Aragón.

Según el ex presidente, la investigación se efectuó "porque había un problema de 6.000 millones de pesetas, que no tenían una explicación razonable". Por lo que respecta al barrido telefónico de la sede del Gobierno, Marco reconoció el hecho, como ya hiciera en su día ante la comisión investigadora de las Cortes de Aragón.

José Marco fundamentó la inspección de las líneas telefónicas con el argumentode que "suele ser habitual y así se establecía en un informe de Andersen Consulting, donde se señalaba, en septiembre de 1993, que aquella institución no reunía condiciones de seguridad".

Respecto al importe cobrado por la agencia Diamond, que ascendió a quince millones de pesetas, Marco lo consideró justo y añadió que "tiene poco que ver un informe contable con lo que es una investigación mercantil en profundidad, donde se dice cuál es el valor real de las cosas".

Pese a que la fiscalía del TSJ e Aragón considera que existen suficientes indicios de criminalidad en la contratación de la agencia de detectives Diamond y en los trabajos desarrollados por ésta tanto para el Gobierno autónomo como para el PSOE, el ex presidente socialista se mostró "totalmente convencido de que la Justicia, al final, siempre da la razón a quien la tiene que dar".