El abogado indica en el recurso que "no es procedente solicitar a los jornaleros de esta localidad la devolucón de dinero alguno, ya que las adjudicaciones económicas están siendo investigadas por el titular del Juzgado de Instrucción número seis de Granada, Miguel Angel del Arco".

El escrito presentado por el letrado solicita la paralización de todas las actuaciones, basándose en la idea de que una cuestión que está en trámite penal no puede sufrir reclamaciones por la vía administrativa.

El abogado de los jornaleros manifestó que "en el caso de que la Dirección Provincial de Trabajo rechace la solicitd, lo pondré en conocimiento inmediato del Juzgado de Instrucción número seis de Granada."

Por su parte, el titular de este juzgado, Miguel Angel del Arco, ha manifestado que cabe la posibilidad de paralizar la decisión de la Dirección Provincial de Trabajo, aunque el asunto está aún por estudiar.

Sin embargo, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, señaló que la petición de este organismo de la Administración central no es irregular, ya que las actuaciones adinistrativas no interfieren las investigaciones penales. Luis Portero considera justo que se solicite la devolución de lo que se ha cobrado fraudulentamente.

El letrado de los jornaleros de Padul ha presentado asimismo otro escrito en el que indica que el ayuntamiento no puede convertirse en responsable subsidiario, tal y como pretende la Dirección Provincial de Trabajo.

La alcaldesa socialista de la localidad, Josefa Miranda, manifestó que "en primer lugar el ayuntamiento no puede hacerse cargo orque las arcas municipales no cuentan con fondos suficientes para afrontar esta cuestión, y en segundo lugar entiendo que de existir responsabilidad correspondería a la corporación gobernante en 1988, presidida por un alcalde de Izquierda Unida".

"Los jornaleros de la localidad están preocupados", añadió la alcaldesa, "e incluso se mantiene la posibilidad de convocatoria de una huelga general en la población el próximo sábado, día 2, acompañada de encierros en los salones del ayuntamiento".

Las otificaciones de devolución de cantidades cobradas ilegalmente a través del subsidio agrario han comenzado a ser enviadas también en otras provincias andaluzas, concretamente en Cádiz y Huelva.

Al igual que en la provincia de Granada, se reclama a varios cientos de jornaleros la devolución de importantes cantidades económicas que supuestamente cobraron de forma fraudulenta a través del subsidio agrario.