En declaraciones a Servimedia, Beltrán dijo que, desde esa fecha, han sido ejecutadas 706 personas en Estados Unidos y se preguntó "cuántas de esas personas eran inocentes de los cargos por los que fueron condenadas".

Subrayó que una vez más se ha puesto de manifiesto, con el caso de Joaquín José Martínz, hasta qué punto "la aplicación de la pena de muerte es arbitraria en Estados Unidos y depende de la capacidad económica y del abogado que tenga el reo".

"La familia de Joaquín José Martínez", prosiguió, "ha tenido que gastar 80 millones de pesetas solamente para este segundo juicio, a fin de tener los mejores abogados, mientras que la mayor parte de la gente que no ha podido hacer el esfuerzo para conseguir el dinero y movilizar a la opinión pública ha sido ejecutada".

Beltrán recordó que, durnte el mandato del Bill Clinton, se redujo el dinero que la Administración da para garantizar asistencia jurídica gratuita a los condenados a muerte.

El director de Amnistía en España recalcó que es preciso recordar que en EE.UU. hay todavía dos españoles condenados a muerte, Pablo Ibar, "en circunstancias muy parecidas a las de Joaquín José Martínez", y Julio Mora, "una persona de 75 años y que tiene, al parecer, graves trastornos mentales".