En un comunicado, la asociación recuerda que hace pocas fechas se celebró el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos cuyo cumplimiento sigue siendo, a día de hoy, “una utopía inalcanzable”. Señala que el mundo sigue con “sus conflictos”, existiendo territorios en los que las violaciones “se agudizan y han dado lugar a auténticas masacres”.

En ese sentido, JJpD señala que la situación en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental desde 1967 “es uno de los mayores exponentes de la vulneración, por parte de quien está llamado a protegerlo, esto es, los Estados, del marco de convivencia que nos da el Derecho internacional y del carácter vinculante de las Resoluciones de Naciones Unidas”.

Insiste en que tras los “deplorables actos terroristas” perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023 esta situación “se ha intensificado iniciando el Estado de Israel, a ojos del mundo, un ataque sistemático e indiscriminado contra la Franja de Gaza que, a hasta la fecha y según corroboran Organismos cualificados de Naciones Unidas, como son la Organización de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (Unrwa) o Unicef ha causado más de 30.000 muertos y 1,9 millones de desplazamientos”.

Los que sufren estas acciones son mayoritariamente la población civil y, en especial los niños que son víctimas principales del “incomprensible bloqueo de suministros básicos, especialmente de agua potable, alimentos, medicinas y combustible, así como el corte de comunicaciones y la interrupción del paso de ayuda internacional de emergencia”. Todo ello ha producido una hambruna generalizada, imposibilidad de realizar intervenciones quirúrgicas con anestesia y otras “inhumanas situaciones”.

Frente a esta situación, añade JJpD, “la Comunidad Internacional no puede permanecer impasible, o pretender no posicionarse frente a lo que puede ser una clara vulneración del Convenio sobre Genocidio de 1948”.

El comunicado recuerda que el pasado 29 de diciembre de 2023 la República de Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda al amparo de este Convenio, solicitando que el supremo órgano judicial de Naciones Unidas ordenara el inmediato cese de las acciones armadas, en una vista que pudo seguirse públicamente en los días 11 y 12 de enero de 2024.

De igual manera la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha iniciado una investigación para determinar si en los territorios afectados se han producido crímenes de guerra y, en su caso, someterlos a la jurisdicción del mismo.

Estas acciones han sido públicamente apoyadas por organizaciones internacionales y de defensa de los Derechos Humanos, así como por Estados del Sur Global y exige ese mismo compromiso por parte de los países europeos, por lo que “instamos al Gobierno de España a que apoye públicamente estos procesos y presente alegaciones a los mismos, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Roma y la Carta de las Naciones Unidas”.