En una entrevista concedida a Servimedia, Jiménez Villarejo, que ha trabajado ampliamente en esta materia y asesora al grupo parlamentario IU-ICV, se confesó "decepcionado" por el texto elaborado tras dos años de funcionamiento de la comisión interministerial.

En su opinión, uno de los principales defectos de este proyecto, y que lo hace "profundamente injusto", es que no anula las sentencias dictadas por órganos "ílegítimos", y se limita a la posibilidad de que las víctimas acudan a un órgano administrativo que dictamina si sus condenas son manifiestamente injustas o no.

"Es la respuesta más pobre y más insuficiente que se puede imaginar", prosiguió Jiménez Villarejo, hacer que quienes sufrieron "lo indecible tengan que acudir a cinco notables para digan de una forma muy moderada si lo que padecieron fue injusto".

Subrayó que este precepto equivale a presuponer que algunas sentencias franquistas "fueron menos injustas que otras, e incluso puede haber alguna justa", lo que implica "no ya respetar las resoluciones dictadas por los consejos de guerra, sino reconocerles cierto grado de legitimidad. Produce escalofríos".

El jurista aseguró que anular estas condenas "no crea ningún problema jurídico, porque para eso están las leyes, es cuestión de determinar qué órganos jurisdiccionales y qué tipos penales" dieron lugar a las resoluciones que deben quedar suprimidas.

Recordó que dos magistrados de la Sala Quinta del Tribunal Supremo admitieron la invalidez de estas resoluciones en sendos votos pariculares al rechazo de la anulació de condenas dictadas por tribunales franquistas, en los casos del dirigente comunista Julián Grimau y el anarquista José Pellicer.

"VICIO" DE ORIGEN

El proyecto elaborado por un Gobierno por el que manifestó su "máximo respeto" está, para Jiménez Villarejo, "viciado y profundamente condicionado" por un error de origen: que el Gobierno republicano, elegido democráticamente, "es tratado al mismo nivel que los los sublevados militarmente".

En su opinión, se habla de manera "peyorativa e incluso injuriosa" de la Segunda República como uno de los "bandos enfrentados", cuando lo que hubo fueron "golpistas asesinos" levantados contra un Gobierno legítimo.

"Los esfuerzos de la República por garantizar la libertad se miden por el mismo rasero que los golpistas, y eso es profundamente erróneo e injusto", con lo que no puede satisfacer a las "decenas o centenares de víctimas del franquismo".

Jiménez Villarejo resumió otras disposiciones del proyecto que "no pueden ser admitidas", como que las indemnizaciones a presos se limiten a los que pasaron en la cárcel al menos tres años, cuando "un año en una prisión franquista era una experiencia terrible".

También se ha dado un tratamiento inadecuado a los desaparecidos, agregó, puesto que debería ser el Estado, y no los particulares, subvencionados por éste, el que se encargara de "esclarecer e investigar" los delitos de los que fueron víctimas.

Lo mismo ocurre con las ayudas para que los particulares elaboren censos de los presos que fueron obligados a realizar trabajos forzados en obras públicas. Recordó que también fueron "prestados" a empresas privadas, que se "enriquecieron con sus salarios de hambre".

POSTERGAR A LOS VENCIDOS

El ex responsable de la Fiscalía Anticorrupción recalcó que ésta es también tarea del Ejecutivo, porque "los particulares ya han hecho bastante en España por resucitar la memoria histórica".

Con todo, dijo que no sabe cómo se aprobará el texto tras su tramitación parlamentaria, pero de momento "no puede satisfacer en absoluto el objetivo esperado: reparar el daño inconcebible de las víctimas del franquismo, cuando acabada la guerra comenzó la guerra contra los demócratas".

"Eso no es crear solidaridad entre generaciones, sino provocar que las víctimas queden más postergadas, más olvidades y más vencidas de lo que ya fueron", sentenció Jiménez Villarejo.