Según fuentes del despacho de Jesús Santaella, la exhibición indubitada de las microfichas constituye un requisito esencial para poder mantener la acusación contra Perote, ya que es preciso averiguar si afectan o no a la seguridad nacional, como establece el Código Penal Militar.

Para el letrado, dado que los originales reproducdos en las microfichas fueron destruidos, sería necesario el testimonio de las pocas personas que en su día tuvieron conocimiento de tales documentos para reconstruir el contenido de éstos.

Por esta razón, argumenta que si el teniente general Emilio Alonso Manglano y el coronel Perote fueron los únicos que tuvieron acceso a tales documentos, quedaría la palabra de uno contra la del otro, ya que fue precisamente el primero quien firmó la denuncia contra el segundo, lo que, a juicio del letrado, haría "bsolutamente injustificable" la permanencia de Perote en prisión.