Asimismo explicó, en una entrevista que hoy publica el diario El País, que los empresarios fueron los que más pidieron al Gobierno que la Inspección de Trabajo fuera severa. Por ello, "la próxima semana presentaré a los agentes sociales un plan específico de actuación de la Inspección, que desde mañana hasta el 31 de diciembre desarrollará casi 500.000 actuaciones", explicó.

El ministro considera que los dos objetivos del proceso han sido cumplidos: aflorar la economía sumergida "que habíamos heredado" y regular en el futuro, con carácter estable, la política de inmigración, vinculándola al mercado.

Si bien se calcularon en 800.000 los beneficiarios potenciales del proceso, éste ha concluido con 700.000 contratos "encima de la mesa". Una cifra que Caldera calificó de "gran avance".

Además, continuó, "Rajoy regularizó a 450.000 inmigrantes sin exigirles contrato de trabajo", y ahora "vemos cómo también aflora el empleo de esas personas que ya tenían permiso para estar en España, pero no estaban dadas de alta en la Seguridad Social".

También habló de las consecuencias positivas que tendrá la regularización, por la que la Seguridad Social ingresará 118 millones de euros anuales. "Las comunidades autónomas tienen cedido el 30 por ciento del impuesto de la renta, y por esa vía obtendrán más ingresos con estos nuevos cotizantes", añadió.