En una sentencia hecha pública hoy, el Supremo considera probado que el torero "consintió e incitó a su apoderado, Manuel Morilla Ramos, a la intervención en la lidia del sexto toro" en una corrida celebrada en 1996.

Asimismo, el Alto Tribunal estima también probado que el apoderado intervino en la lidia "sin estar habilitado para ello de forma reglamentariani pertenecer a la cuadrilla del espada".

Según el Supremo, estos hechos susponen sendas infracciones recogids y castigadas por la Ley sobre Potestades Administrativas en Materia de Espectáculos Públicos, por lo que confirma sendas multas de 10 millones de pesetas que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía impuso en su día al diestro y a su apoderado.