Así lo asegura la JEC en una resolución conocida este jueves y que responde a una denuncia que realizó el PSC.

Los socialistas se quejaban de que el Gabinete de Pere Aragonès reivindicara las inversiones en centros sanitarios en artículos patrocinados y difundidos en los perfiles de Twitter de los diarios de Sabadell y Tarragona los pasados 19 y 20 de marzo.

El partido que lidera Salvador Illa también cuestionaba la rueda de prensa que el 19 de marzo dio la consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, en la que hizo una propuesta de financiación singular para su comunidad autónoma, en concreto para reclamar un cupo similar al vasco.

A este respecto, la JEC considera que tanto en los artículos patrocinados como en esta rueda de prensa “se vulneró” la ley electoral en lo relativo al “deber de neutralidad política que en los periodos electorales”.

“CONNOTACIÓN ELECTORALISTA”

Por este motivo, se insta al Gabinete de Aragonès a que, hasta las elecciones del 12 de mayo, “se abstenga de realizar actuaciones que sean contrarias a la prohibición de realizar campaña de logros o la utilización de imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por las formaciones políticas en su campaña electoral, establecida en el artículo 50.2 de la Loreg, así como el deber de respeto a la neutralidad política exigida por el artículo 103.1 de la Constitución”.

La referencia a “expresiones coincidentes o similares a las utilizadas por las formaciones políticas en su campaña electoral” alude a que este es el planteamiento que vienen haciendo ERC y Aragonès en calidad de candidato a la reelección como presidente catalán.

Para la JEC, la reclamación de la consejera Mas de un cupo catalán “parece más el anuncio de un programa futuro que el de un acuerdo gubernamental de aplicación inmediata, estando más en línea con lo que las formaciones políticas concurrentes a las elecciones presentan como programa electoral”.

Se destaca que en el “documento de trabajo” que presentó esta consejera se aprecia una “connotación electoralista” y lo que se trasladó no era “imprescindible” en cuanto al funcionamiento de los servicios públicos.