RSC

JAUREGUI (PSOE) QUIERE OBLIGAR A LOS PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION A CUMPLIR CIERTOS REQUISITOS DE RSC

- Duda de que el diálogo social impulse una normativa sobre acción social, pero afirma que, tarde o temprano, llegará

MADRID
SERVIMEDIA

El diputado socialista y portavoz del PSOE en la subcomisión de Responsabilidad Social Corporativa del Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui, abogó hoy por obligar a los proveedores de todas las administraciones públicas a cumplir determinados requisitos de RSC para fomentar así la acción social en todas las compañías, desde las grandes hasta las pymes.

"Si la Administración ordena a sus proveedores que respondan con criterios de sostenibilidad, es una manera de que la RSC se fomente hacia las pymes", destacó Jáuregui durante su participación en una jornada titulada "La ética pública: el nuevo componente de la RSC", organizada por la Escuela de Negocios San Pablo-CEU de Madrid.

Jáuregui insistió, además, en que así se premiaría a las empresas que realmente son socialmente responsables, frente a las que sólo hacen propaganda.

"Hay muchas dudas en la sociedad porque se confunden actividades sociales con lo que es una cultura integral de RSC. Hay gente que cree que hace RSC por hacer mecenazgo, por realizar determinadas acciones sociales o cooperación al desarrollo, pero éstas son acciones puntuales, y no configuran una política integral de RSC", advirtió.

En esta línea, sugirió que las grandes empresas españolas luchen por extender los criterios de RSC a las pymes a través de su cadena de proveedores y elogió la iniciativa del grupo textil español Inditex, que lidera en Europa un sistema de autorregulación de su sector.

El sistema establece una conexión de la empresa central con todas las delegaciones de los proveedores para tener un contacto directo con ellos y conocer de primera mano si son socialmente responsables en sus líneas de negocio, tales como los derechos humanos, laborales, sindicales o medio ambiente.

HABRA REGULACION

Jáuregui se mostró pesimista de "que surja ninguna recomendación al Gobierno desde el diálogo social", en el sentido de poner en marcha una normativa sobre RSC, dado el rechazo de empresas y sindicatos a esta posibilidad.

"Si no la hay, el Gobierno va a sentirse bastante comprometido a no hacerla, ya que el diálogo social es la llave que abre o cierra las iniciativas legislativas en materia social", lamentó.

En todo caso, replicó que "España acabará haciendo una ordenación de esta materia, no sé si en esta legislatura o en la siguiente, pero creo que tal cantidad de iniciativas acabarán dando lugar a la necesidad de una cierta intervención pública que ordene el sistema de etiquetado social o medioambiental".

"Se trata de establecer algunas obligaciones legales como la presentación de un triple informe financiero, social y medioambiental de las empresas que cotizan en Bolsa, tal y como ya se hace en Francia", entre otros aspectos.

(SERVIMEDIA)
07 Jun 2005
C