Algunas fuerzas políticas y asociaciones calificaron esta actuación de Jarrai como un nuevo "impuesto revolucionario", por lo que el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó al fiscal de San Sebastián que iniciara una investigación. La Fiscalía de esta ciudad remitió hoy un informe a Cardenal en el que comunica que debe archivarse esta cuestión, al no existir ninguna prueba que pueda significar la comisión de delitos de amenazas, coacciones o cualquier otro por parte de los jóvenes de Jarrai.

"Dando por sentado el insoportable cinismo de los documentos investigados", dice la fiscalía de San Sebastián en relación a las cartas enviadas por Jarrai a los comerciantes, "su contenido está muy medido y no se puede calificar como amnazas o coacciones".

La investigación se ha centrado en diversas actuaciones de la Ertzaintza durante la fiesta en Oyarzun, en la que, sin embargo, no se produjo ninguna denuncia. Esta falta de denunciantes es lo que, según la fiscalía donostiarra, "impide conocer el efecto real de los documentos enviados a la gente, lo que imposibilita acreditar la existencia de delito".

La fiscalía concluye afirmando que toda la documentación intervenida (cartas a comerciantes, pasquines y pegatinas, entre otro) es completamente legal, "sin expresiones que puedan ser consideradas amenazas o coacciones", por lo que toda la actuación está amparada en el derecho a la libertad de expresión.