Se trata de una proposición no de ley que este grupo parlamentario pretende elevar al pleno del Congreso de los Diputados y que se presenta justo después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso del anterior Gobierno contra el "Plan Ibarretxe".

La coalición quiere que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogue lasmodificaciones que en su día se introdujeron en el Senado para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal para penalizar la convocatoria de estas consultas por parte de las comunidades autónomas.

Piden al Ejecutivo que en el menor plazo de tiempo posible redacte y envíe al Parlamento un proyecto de ley orgánica para transferir a las comunidades autónomas las facultades para convocar las consultas populares por medio de referéndum.

En la exposición de motivos, la coalición arguenta que las comunidades autónomas avanzan hacia una ampliación de sus facultades en el marco de la descentralización del Estado y que, si bien la Constitución otorga al Estado la competencia exclusiva de la convocatoria de consultas populares, también precisa que se pueden transferir o delegar las que se consideren susceptibles de ello.

Entiende la coalición que de ese último precepto constitucional se puede concluir que la facultad de convocar consultas populares puede ser transferida mediante Ley Ogánica sin vulnerar la Carta Magna.

Añaden que la introducción de enmiendas en el Senado para penalizar esa convocatoria se hizo "con nocturnidad y alevosía" por parte de la mayoría parlamentaria de la anterior legislatura, con la clara intención de bloquear la tramitación del "Plan Ibarretxe".

Sin embargo, recuerdan, otras comunidades autónomas han anunciado su intención de reformar sus estatutos, y la consulta a la ciudadanía sería en estos casos una forma de contar con la sociedad a la hora deabordar reformas de calado.