A juicio, el presupuesto molesta a los empresarios, porque desaiente la inversión y la bajada de tipos de interés, y a los trabajadores, por recomendar subidas salariales que entrañan una reducción del poder adquisitivo.

Sartorius aseguró que "con estos presupuetos no es posible el consenso social" porque no tienen la credibilidad necesaria para encabezar un cambio de política económica que una a la sociedad frente a la crisis.

El portavoz de IU abogó por una reducción del déficit del Estado más moderada de la presupuesta por el Gobierno, a fin de liberar 60.000 millones de pesetas adicionales para gastos sociales.

Sartorius expresó su total oposición a la propuesta del Gobierno de ceder la gestión de las prestaciones contributivas por desempeo a la patronal y los sindicatos, por entender que eso equivale a volver a las sociedades de socorros mutuos del siglo XIX.

También censuró el anunció de la puesta en marcha de las agencias de empleo temporal, cuya actuación calificó de "prestamismo laboral".

ROCA PIDE UN LENGUAJE "ESPERANZADOR"

Por su prte, Miguel Roca, de Convergencia i Unió, reclamó a Solchaga una "lenguaje esperanzador y realista" y señaló que será inútil un presupuesto austero si no va a acompañado de una política que incremente la competitividad de las empresas.

Para lograrlo, Roca propugnó el fomento del ahorro y políticas sectoriales dirigidas a la industria y la agricultura, al tiempo que expresó el convencimiento de que no hay salida de la crisis sin consenso social.

José Ramón Lasuén, del CDS, tras respaldar la decisin del Gobierno de mantener la peseta en el Sistema Monetario Europeo, opinó que el proyecto de presupuestos es contradictorio porque pretende ser, simultáneamente, modernizador y electoralista.

Criticó la subida de los funcionarios, de quienes dijo que están peor pagados que sus homólogos europeos, y se mostró partidario de tomar otras medidas para reducir el gasto público, entre las que citó la elevación de las tasas de educación y sanidad.

Eduardo Vallejo, del PNV, afirmó que el presupuesto no borda los problemas de la economía, incluye un déficit público "alarmante" y no contribuye a la reforma de la Administración del Estado.

Desde el punto de vista del País Vasco, añadió, no recogen los "compromisos adquiridos" en materia de infraestructuras, ni responde suficientemente a los problemas de la industria vasca.