11-M

IU RECLAMA UNA REFORMA CONSTITUCIONAL QUE REFUERCE LOS DERECHOS SOCIALES Y ABRA LA PUERTA A UNA REFORMA ELECTORAL

- Pide un nuevo ámbito competencial entre el Estado y las comunidades autónomas que de pie al federalismo

MADRID
SERVIMEDIA

El coordinador Ejecutivo de Política Institucional y Modelo de Estado de Izquierda Unida, Félix Taberna, reiteró hoy que la reforma constitucional que pretende afrontar el Gobierno y sobre la que se pronunciará próximamente el Consejo de Estado debe tener como objetivo prioritario "reforzar los derechos sociales y democráticos de los ciudadanos".

La propuesta de IU para la reforma constitucional, a la que tuvo acceso Servimedia, "trata de encontrar un nuevo nexo entre cuestión democrática, cuestión social y reforma del Estado", que se concretan en tres ejes fundamentales: federalismo, republicanismo y cuestión social.

La formación liderada por Gaspar Llamazares defiende el federalismo "como democratización y descentralización del poder, que relaciona derechos sociales con las necesidades de las personas y formas renovadas de intervenir y organizar la política". Su propuesta republicana se basa en la idea de que actualmente "el acceso al desempeño de la Jefatura del Estado se somete a unas normas de carácter excepcional, no sólo distintas sino incluso contrarias a las que se establecen para el resto de los cargos públicos", lo que se une a las normas "desorbitadas y extravagantes" que rigen la sucesión a la Corona.

En cuanto a la cuestión social, considera que debe ser el centro de la democracia, a fin de convertir "los derechos fundamentales en proyectos sociales tangibles", y propiciar una democracia participativa que "desarrolle una idea-fuerza de la política como autogobierno de los ciudadanos, acercando la toma de decisiones e incluyéndolos al máximo en las cuestiones colectivas".

En la actual coyuntura política, IU propone diecisiete modificaciones constitucionales concretas, empezando por extender el derecho al voto a todos los ciudadanos establemente residentes en España, al margen de su nacionalidad; incrementar la participación ciudadana en asuntos públicos y garantizar el acceso de la mujer en régimen de paridad.

REFORMA ELECTORAL

Asimismo, pide una reforma del artículo 68 para eliminar la exigencia de la circunscripción provincial para las elecciones al Congreso de los Diputados, "de modo que se abra la puerta a otro sistema electoral que preserve con más fidelidad el principio de representación proporcional y no prime a las hectáreas sobre los ciudadanos".

Prever la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan someter a consulta popular o referéndum decisiones políticas dentro del ámbito de sus competencias; flexibilizar los requisitos de la iniciativa legislativa popular; y fomentar el respeto del pluralismo en los medios de comunicación son otras de sus demandas.

Además, quiere suprimir la consideración de los derechos económicos, sociales y culturales como "principios rectores de la política social y económica", con lo que carecen de la protección reforzada que caracteriza a los derechos fundamentales, y que el Estado español renuncie al uso de la guerra como instrumento de política exterior.

La propuesta de IU pasa por que el derecho a la vida se complete con el derecho a percibir unos ingresos mínimos o una renta básica suficiente para atender las necesidades básicas vitales; el derecho al trabajo pase a formar parte del núcleo más protegido de los derechos; y el suelo urbanizable se incluya entre los recursos esenciales que pueden ser reservados al sector público.

ATENCION A LA DEPENDENCIA

Los artículos relativos a la atención a disminuidos y tercera edad "debieran rehacerse para establecer el principio del derecho a la atención de las personas con dependencia para realizar las tareas cotidianas"; y el Gobierno ha de implicarse en el bienestar social y la cohesión; promover la justicia social y la igualdad de oportunidades, asegurar la eficacia y la eficiencia del sector público y el funcionamiento de los mercados.

Considera, además, que el Título VIII debería disponer un nuevo marco competencial del Estado y de las comunidades autónomas, "con un reparto nítido de responsabilidades entre uno y otras y evitando el actual efecto de que prácticamente todas las materias son compartidas", para permitir la posibilidad de establecer lazos especiales de tipo federativo.

Por último, cree que debería reformarse el procedimiento de modificación de los Estatutos de autonomía, de manera que aquello que no afecte a la delimitación de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma quede a la libre decisión de cada Comunidad, de forma similar a lo producido en las últimas modificaciones constitucionales de Italia.

(SERVIMEDIA)
25 Sep 2005
E