En declaraciones a Servimedia, Erro dijo que esta norma "incorporaría un derecho subjetivo mediante el cual, si las administraciones públicas no otorgarán ese derecho en el plazo de cuatro años, podría ser recurrido ante los tribunales para que se cumpliera con ese requisito".

Entre las medidas que contempla la proposición de IU, destaca la promoción de 25.000 nuevas viviendas protegidas, la creación de 1.500 viviendas públicas en régimen de alquiler sin que el precio de la renta exceda el 30% de los ingresos del arrendatario y el establecimiento de medidas sobre el alquiler de viviendas vacías.

Además, la propuesta "obligaría a que los planes generales de urbanismo de los ayuntamientos se articulen a través de un proceso especial de participación ciudadana, donde se incluyera la consulta directa de la ciudadanía para su aprobación", añadió Erro.