En 1986, la propiedad de la casa inició un expediente de ruina ante la Gerencia de Urbanismo, que denegó su petición. Los caseros interpusieron un recurso de reposición, que también fue rechaado, y finalmente presentaron un recurso contencioso-administrativo, que fue estimado por el Tribunal Supremo.

En la sentencia, el Supremo declara el estado de ruina legal de la finca, aunque plantea un serie de reservas ante su posible demolición, ya que ésta debe contar con la autorización de la Consejería de Educación y Cultura y de la Gerencia de Urbanismo.

IU solicita a ambos organismos que examinen el inmueble para verificar que puede ser rehabilitado, y que requieran a la propiedad para qu se abstengan de realizar acto alguno encaminado a su demolición total o parcial.

Según el portavoz de la coalición, Francisco Herrera, los inquilinos están dispuestos a correr con los gastos de la reforma, lo que contrasta con las actuaciones de los propietarios, quienes, según el concejal de IU, han realizado operaciones para acelerar el deterioro de la finca, tales como la retirada de tejas de la cubierta o la apertura permanente de las ventanas de los patios.

Herrera explicó que el objetivo plítico de su petición de rehabilitar el edificio es preservar el patrimonio histórico de la ciudad y evitar su "destrucción salvaje por parte de los especuladores y los caseros desaprensivos, a quienes se les permite actuar a su libre albedrío".

Añadió que la finca está ubicada en una de las zonas más características de la ciudad desde el punto de vista histórico y urbanísticos, el Madrid de los Austrias, y está muy próxima a otros lugares emblemáticos, como la plaza Mayor, el mercado de San Miguel y a plaza de la Villa.