La proposición, a la que tuvo acceso Servimedia, sugiere la constitución de uno de esos comités en cada centro de internamiento, y en cualquier otra dependencia policial, sobre todo las situadas en aeropuertos y zonas fronterizas.

Su función será "velar por el máximo respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas a lo largo del proceso administrativo de internamiento y expulsión".

Estarán integrados por representantes institucionales, sindicales, de los colegios profesionales implicados y de las organizaciones humanitarias de la sociedad civil.

La coalición pide también al Gobierno la regulación, antes de tres meses, de la tutela judicial de los derechos de los extranjeros internos en centros de detención por parte de los juzgados de instrucción del partido judicial donde radiquen los centros de internamiento de extranjeros.