Según Gilaberte, "no es admisible contraponer el derecho al trabajo con el derecho a la huelga. Un decreto de servicios mínimos no ajustados priva de ese derecho constitucional a la huelga a los ciudadanos que libremente hayan decidido ejercerla".

IU considera "lamentable" que mientras en otras comunidades autónomas, como el País Vasco y Cataluña, ha ido posible llegar a un acuerdo satisfactorio sobre servicios mínimos en el transporte, en el caso de Madrid la "intransigencia" de la Administración haya impedido encontrar una solución pactada entre las partes.

Gilaberte denunció la actitud "intransigente" del consejero, Julián Revenga, que, en su opinión, ha utilizado su cargo público "de manera partidista" para entorpecer la convocatoria de huelga.