Para ello propone dos medidas básicas. La primera es que el nuevo sistema de financiación autonómica garantice que todas las regiones gastan en prestación de servicios la misma cantidad por habitante.

En el documento de IU se señala que ese gasto se debe hallar sobre la base de "variables objetivas", como número de habitantes o la renta "per capita", entre otras.

La solidaridad interregional con las autonomías más desfavorecidas históricamente, según el documnto, pasa por garantizar los servicios públicos fundamentales en esas comunidades, atendiendo a variables como la dispersión poblacional o la insularidad del territorio.

A este respecto, aseguran los redactores del documento, "el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) debe recuperar su objetivo inicial, el desarrollo regional, limitándose sólo a las regiones más desfavorecidas y respetando la indiscutible autonomía financiera de las comunidades autónomas".

El capítulo concluye con la peticin de que el nuevo sistema de financiación que sustituya al actual, que vence en diciembre de este año, garantice que los presupuestos de las autonomías para 1992 se incrementan en el mismo porcentaje que el IPC de 1991.

Por último, se solicita al Gobierno que transfiera determinadas competencias tributarias a algunas comunidades autónomas que todavía no las han recibido.

TRANSFERENCIA, NO DELEGACION

Respecto al contenido político del documento, IU propone reformar los estatutos para que las autnomías asuman nuevas competencias y no "delegar" competencias y fondos de financiación, como estudia el PSOE.

Esta transferencia debe afectar tanto a las comunidades de "vía lenta" como a las llamadas "históricas", para las que pide una "ampliación competencial".

La reforma de estatutos, en opinión de los dirigentes de la coalición, debe reforzar el aspecto institucional de las regiones, de forma que sus parlamentos puedan legislar sobre máximos períodos de sesiones, función y dedicación del dipuado, formas de participación y derecho al referéndum.

Por último, se solicita una reforma del Senado, para convertirlo en Cámara de representación territorial.

El documento de "Reforma del Estado" de IU, que consta de once páginas, comienza con una conclusión sobre la actual organización del Estado español: "Se ha agotado", dice, "el impulso autonómico nacido de la aprobación de los estatutos de autonomía".

Este agotamiento, argumentan sus autores en primer lugar, lo demuestra la incapacidadde los estatutos de autonomía para satisfacer la demanda de autogobierno de las regiones.

En segundo lugar, el texto pone de manifieso la necesidad de superar la existencia de "duplicidad administrativa", derivada de la supervivencia de órganos regionales de la Administración central cuyas competencias hace ya tiempo que fueron transferidas.

Por último, "y no menos importante", matiza el documento, es la obligación del Estado de reconocer "la personalidad colectiva de los pueblos" basada en factoes diferenciales, como la lengua o la cultura.

No obstante, IU critica a los partidos nacionalistas que intentan llegar a acuerdos por libre con el Gobierno central, porque "ni fortalecen su autonomía ni contribuyen a un modelo solidario de descentralización del Estado".

Respecto al PSOE, la coalición considera que el partido gobernante tiende a bloquear el sistema de financiación con su posición reticente a incrementar el gasto público.

MODELO FEDERAL

IU acusa también a los socialistas deinterpretar el "federalismo cooperativo" como una simple técnica jurídica que acabará "diseñando una simple delegación de competencias (a las autonomías) con reserva de titularidad por el Estado".

Por contra, Izquierda Unida propone un modelo de Estado federal que debe concluir con una reforma de la Constitución "en aquellos aspectos que limitan el desarrollo autonómico compatible con la federalización del Estado".

Sobre la próxima negociación del pacto autonómico, la coalición que lidera Julio Aguita hace una reflexión sobre la imposibilidad de que en 1991 se dé una negociación como la que en 1983 dio lugar a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA).

En aquella ocasión, asegura IU, el protagonismo de la negociación correspondió a los partidos políticos, mientras que ahora, después de haber transcurrido en España tres legislaturas autonómicas, los parlamentos de las comunidades autónomas se han convertido en "imprescindibles" para el nuevo acuerdo.

En consecuencia, rosigue el texto, IU promoverá debates en los parlamentos autonómicos.

Cerrada esta fase del proceso, IU quiere que se celebre una conferencia de representaciones de los parlamentos autonómicos "para determinar el nivel de acuerdo que pueda ser transmitido al Gobierno y a las fuerzas políticas", previa al inicio de una negociación global con el Gobierno.