El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, acompañado de Javier Valledor, consejero de Justicia de Asturias, donde gobiernan PSOE e IU, anunció que formulará al Gobierno y las comunidades autónomas una propuesta que contribuya a solucionar el déficit en financiación autonómica.

El líder de IU consideró que la conferencia de presidentes prevista para el verano debe suponer un "avance en un compromiso mayor de la Administración central para financiar de manera sostenible los servicios públicos" que asumen las comunidades autónomas.

"No se puede ir a la conferencia de presidentes a decir que es cuestión de las comunidades autónomas sufragar esos déficit, porque hay un déficit estructural" que compete a la Administración central, además de fijar un nivel de servicios mínimo general y dar capacidad a las comunidades para proveer otros dentro de sus competencias.

Por su parte, Valledor resaltó que es el momento adecuado para abordar "un diálogo necesario y sosegado" que dé una respuesta a la financiación autonómica, no sólo sanitaria, desde la "estabilidad, la suficiencia, la sostenibilidad, la autonomía, la corresponsabilidad, la solidaridad y la equidad".

A su juicio, el Ejecutivo central ha de fijar unos "niveles de prestación de servicios, una cartera básica de servicios en el ámbito sanitario, educativo, de política social y de atención a la diversidad y a las personas con discapacidad", sin perjuicio de que las comunidades puedan acordar otras prestaciones por encima de esos mínimos.

SIN ENFRENTAMIENTOS

En este sentido, agregó que la conferencia de presidentes es un "hito" y una oportunidad para fijar un marco general,porque la solución a los problemas de financiación no pasan sólo por dar más capacidad normativa a las comunidades autónomas, porque no todas tienen la misma capacidad para generar recursos.

El Gobierno central debe aceptar un aumento del porcentaje de gestión de impuestos cedidos, conjugable con los tributos propios de las comunidades autónomas y con un "fondo de suficiencia" que no se fije de antemano, sino que sea "dinámico", para que todas las comunidades puedan prestar los servicios a los ciudadanos en igualdad de condiciones, indicó.

Concluyó que las comunidades deben hablar con el Gobierno central y entre sí para buscar la mejor fórmula, a fin de que la financiación no se convierta en "marco de enfrentamiento y arma arrojadiza" entre los distintos territorios, sino en un problema común del conjunto de las autonomías y los ciudadanos.