La coalición estima que los escándalos del túnel de Sóller, el 'caso Calviá' y el 'caso Allés' deben "globalizarse", "porque no son casos aislados, sino cercanos en el tiempo y bajo la responsabiidad del mismo partido".

Dos de los casos citados están en manos de la justicia. La adjudicación del túnel de Sóller está siendo investigada por el Tribunal Superir de Justicia de Baleares por un presunto delito de prevaricación y cobro de comisiones. En el "caso Allés", el alcalde de la localidad menorquina de Ciutadella, Gabriel Allés, del PP, afronta una denuncia de soborno en la tramitación de una urbanización en la finca denominada Al Parico.

El 'caso Calviá' hace referencia al intento de soborno de un concejal socialista en el municipio de Calviá, para que apoyará una moción de censura dirigida a derribar al alcalde, del PSOE, que se oponía a una operació urbanística. Dio lugar en 1994 a una sentencia en 1993 en la que se condenó a tres personas estrechamente vinculadas al Partido Popular.

Además, este sumario podría reabrirse tras haberse conocido que Eduardo Vellibre, que ha dimitido como presidente del PP de Calviá hace nueve días, firmó un documento en el que se comprometía a pagar la multa impuesta a uno de los condenados, Andreu Bordoy, vicepresidente del PP de Calviá.

En una rueda de prensa, Izquierda Unida hizo hoy balance de las diligencas realizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares sobre el sumario del túnel de Sóller, bajo secreto de sumario.

Eberhard Grosske, coordinador de la coalición en las islas, aseguró que "se reafirma nuestra presunción de adjudicación delicitiva del proyecto a cambio de percepción de dinero de la compañía concesionaria". Según IU, estos hechos serían constitutivos de un delito de soborno y cohecho.

Grosske aseguró que hubo "contactos" en 1987 entre los socios fundadores de la compañía oncesionaria y el ex presidente del Gobierno balear Gabriel Cañellas, un año antes de la adjudicación.

IU pedirá al juez instructor del caso, Juan López Gayá, que inicie dos nuevas diligencias. Por una parte, quiere que se investigue patrimonialmente o tributariamente a los presuntos beneficiarios de las comisiones de la compañía concesionaria y, por otra, que se analicen las actas de los consejos de gobierno previos al consejo en el que se adjudicó el proyecto.