La citada norma regula la publicidad institucional en periodos ordinarios y preelectorales, y prohíbe que, en fechas previas a los comicios, se realicen campañas, inauguraciones públicas y presentaciones.

Asimismo, incluye la suspensión de todas las campañas de publicidad institucional en periodos electorales, prohíbe específicamente toda publicidad que tenga como finalidad destacar los logros de gestión, separa claramente la propaganda de la información y fija los objetivos que debe tener: promover la difusión de valores y principios que consoliden la democracia, difundir información sobre derechos y deberes de los ciudadanos y comunicar políticas públicas.

Incluye, asimismo, medidas para el control y transparencia de las campañas de publicidad, la creación de una Comisión de Publicidad Institucional, con presencia de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos de la región, y la obligación de presentar anualmente un plan que contemple todas estas actuaciones.

Asimismo, prohíbe la contratación de comunicación institucional que no obedezca a motivos de interés público, mensajes discriminatorios o que incluya mensajes sexistas o contrarios a los principios constitucionales.

Esta proposición de IU, que contiene nueve artículos, pretende garantizar que la publicidad tenga siempre como objetivo el interés general y que se traslade a los ciudadanos la mejor información disponible.